La polémica por la disolución de LeoLabs desata fuertes críticas hacia el gobierno de Tierra del Fuego, acusado de ocultar información y eludir responsabilidades sobre el radar británico en Tolhuin, vinculado al monitoreo militar y contrario a la seguridad nacional.
El anuncio del gobierno de Tierra del Fuego sobre la disolución de la empresa LeoLabs, responsable del radar instalado en Tolhuin, ha desatado una fuerte ola de indignación entre sectores que cuestionan el manejo de la información oficial y la demora en la acción.
El periodista especializado en temas de soberanía, Daniel Guzmán, fue uno de los más críticos en sus declaraciones, acusando al gobierno provincial de intentar «ocultar lo mismo que ellos han generado y permitido durante más de dos años».
LeoLabs, una compañía de origen británico con fines de monitoreo militar, ha sido objeto de controversia desde 2022, cuando comenzó a instalar el radar en suelo fueguino. Guzmán, quien es además ex combatiente de Malvinas, destacó por FM Master’s que el gobierno fueguino ha hecho «denodados esfuerzos para quedar oculto» y esquivar la responsabilidad sobre la presencia de este equipo tecnológico, vinculado a un acuerdo con el Departamento de Defensa británico para el monitoreo de satélites militares.
Según el periodista, la situación se agravó cuando la empresa confirmó en julio de este año que trabajaría junto al Ministerio de Defensa del Reino Unido en el seguimiento de estos satélites, lo que expuso la naturaleza militar del radar, tal como lo había advertido el Ministerio de Defensa argentino en su momento.
El gobierno de Tierra del Fuego anunció recientemente el inicio de un proceso judicial para disolver a LeoLabs, una medida que llega un año después de que la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad solicitara esta acción, la cual fue negada en ese entonces. «Hace 15 días el gobierno dice que se han puesto de acuerdo distintos organismos para iniciar el proceso de disolución, algo que negaron hace un año con los mismos argumentos», comentó Guzmán, cuestionando además la falta de transparencia en la información proporcionada. «No se hace pública la disposición ni la medida cautelar del Juzgado Civil y Comercial número 2», reprochó, además, lo que genera una sensación de información «masticada» y manipulada para evitar un análisis crítico por parte de la prensa y la ciudadanía.
Para el prestigioso comunicador, la estrategia de comunicación del gobierno fueguino ha sido confusa y contradictoria. «Esto habría merecido una conferencia de prensa para mayor claridad, para que se entienda qué hicieron, qué presentaron y qué fundamento llevaron ante la Justicia», opinó Guzmán. En lugar de ello, la información se ha presentado en forma de comunicado de prensa que no aporta suficiente detalle ni permite una comprensión adecuada de las acciones tomadas por el gobierno en relación a la disolución de LeoLabs. «Es una operación de prensa falopa», denunció, sugiriendo que algunos medios oficialistas han difundido información errónea sobre el logro de una supuesta «desconexión del radar», algo que, según él, no tiene sustento en los hechos.
El periodista también expresó su frustración ante la respuesta del gobernador de Tierra del Fuego, a quien había solicitado públicamente que diera a conocer la disposición emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ) y la medida cautelar mencionada en el comunicado oficial. En un intercambio por mensajes, el gobernador le respondió: «Me parece que lo tuyo es algo personal y no sé el motivo», lo que Guzmán interpretó como una falta de compromiso con la transparencia institucional. «No necesitamos que nos diga cómo razonar y menos aún qué escribir», subrayó.
Además, señaló la importancia de que la Legislatura tome cartas en el asunto y forme una comisión investigadora que determine las responsabilidades políticas en torno a este conflicto. «Esto debería tener su reciprocidad en la Legislatura», afirmó.
El malestar generado por este caso tiene un trasfondo geopolítico que no puede ser ignorado. En un contexto internacional marcado por la creciente tensión entre la OTAN y Rusia, con Ucrania como escenario principal de conflicto, la presencia de un radar británico en territorio argentino, asociado al monitoreo militar, es percibida como una amenaza directa a la soberanía nacional. «No parece que la empresa vaya a decir ‘tienen razón, nos vamos’. Eso no», advirtió finalmente Daniel Guzmán, subrayando que las conexiones de LeoLabs con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Reino Unido hacen improbable una salida fácil de la compañía del país.
En resumen, la indignación contra el gobierno de Tierra del Fuego no solo se centra en la falta de transparencia y la manipulación de la información, sino también en la inacción prolongada frente a un tema de alta sensibilidad para la seguridad nacional.
