El ex Concejal Paulino Rossi, presentó durante la jornada del viernes una acción de nulidad ante al Superior Tribunal de Justicia la nulidad de la Ley 1529 y el Decreto 1656/24, alegando violaciones a principios constitucionales y errores graves en el proceso de reforma.
El Concejal en diálogo con Radio provincia refirió entre otras cosas “Señores cuando las cosas se hacen mal existen los elementos institucionales. Sean claros, si quieren hacer una reforma, y si la quieren hacer que la hagan bien respetando lo que la normativa dice. De 4 requisitos no se respetaron 3”. El ex Concejal dijo “todos sabemos que no se firmó en la fecha que dicen y si la reforma es tan barata como dicen bueno digan cuánto va a salir asignen una partida y no hagan este mamarracho”.
En el contexto de la polémica que rodea la reforma constitucional promovida por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, el exconcejal de la Unión Cívica Radical (UCR) en Río Grande, Paulino Rossi, presentó una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 1529 y la nulidad absoluta del Decreto 1656/24. Ambos instrumentos legales son considerados por Rossi como elementos clave en la generalizada controversia que suscita la reforma.
Según Rossi, tanto la Ley 1529 como el Decreto 1656/24 violan principios constitucionales fundamentales, entre ellos el de legalidad, debido proceso y congruencia. Argumenta que el procedimiento seguido para la aprobación y ejecución de estos instrumentos estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la inserción de una fecha falsa en el decreto. Este hecho, según el exconcejal, podría configurar un delito según lo establecido en el artículo 293 del Código Penal.
Rossi destaca además que la firma del decreto por parte de la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, constituye una violación directa a la normativa vigente, ya que dicha funcionaria no cuenta con las facultades legales necesarias para firmar tal documento, según lo establece la Ley de Ministerios. En su demanda, solicita que se corra traslado al Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia para que investigue la posible conducta delictiva de los funcionarios involucrados.
El abogado de Río Grande sostiene que la reforma constitucional impulsada por el gobernador Melella está siendo llevada adelante de manera irregular. Rossi, en declaraciones a Radio Provincia, explicó los motivos que lo llevaron a recurrir a la justicia: «Cuando uno ve que se subestima permanentemente a la sociedad y puntualmente el gobernador trata a todos de estúpidos, a algunos nos cansó, todo tiene límites«. Señaló que su presentación tiene como objetivo profundizar las observaciones realizadas previamente por el legislador Jorge Lechman, quien también criticó duramente el proceso.
En su demanda, Rossi aborda dos cuestiones principales. En primer lugar, critica lo que describe como una «ley express», aprobada al final de la temporada legislativa, que convocó a una Constituyente para modificar la Constitución. Según Rossi, para llevar a cabo tal modificación, es necesario respetar ciertos artículos fundamentales, entre ellos, la determinación precisa de qué aspectos de la Constitución se modificarán y cuándo se llevará a cabo el proceso. Señala que la ley delega en el Ejecutivo la facultad de decidir el momento del proceso, lo cual considera inadmisible.
Además, Rossi cuestiona la legitimidad del llamado a elecciones, afirmando que no se firmó en la fecha oficialmente anunciada. Y solicita que se realicen investigaciones y pericias informáticas para determinar la fecha real de la firma, ya que esto podría derivar en la comisión de delitos que no deberían quedar impunes.
En relación a la participación de la ministra Gabriela Castillo en la firma del decreto, Rossi subraya que «quien debería tener la facultad de intervenir es el jefe de gabinete, no tiene nada que ver el de obras públicas«. Con esta observación, enfatiza que la actuación de Castillo en este contexto es improcedente y refuerza su argumento sobre la ilegalidad del proceso.
Rossi concluyó sus declaraciones señalando que «la impunidad» y la «desprolijidad» han caracterizado el proceso de reforma constitucional. En su opinión, estos problemas se han visto agravados por la degradación del gabinete, lo que ha llevado a que el gobierno se rodee de personas que no están a la altura de la situación.
La denuncia presentada por Paulino Rossi se encuentra ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá determinar la validez de sus argumentos y las posibles implicancias legales de los hechos denunciados.
