Por Néstor Schumacher.- Con un intenso debate previo, 2021 fue el año que marcó un hito en la relación de la acuicultura y Tierra del Fuego: la prohibición de la cría de salmones se volvió una realidad que se sostiene hoy tres años después. Ahora, tras las declaraciones de legisladores y empresarios, la cuestión vuelve a retomarse. ¿Podría modificarse la ley?
El disparador inicial a toda la cuestión fue las declaraciones vinculadas con el oficialismo nacional, como es el caso de Agustín Coto, que refrendó su siempre crítica visión de esta prohibición al asumir en su banca y prometer cambios o derogación a la vigente ley. Pasaron los meses y llegó el turno de Rubén Cherñajovsky, empresario y principal accionista de Newsan, volviendo a plantear la cuestión.
En diversos reportajes y entrevistas, el magnate de la industria electrónica recordó la existencia de un impuesto destinado a la transformación de la matriz productiva fueguina, buscando así expandir el desarrollo por fuera de la tan famosa industria electrónica. Allí, Cherñajovsky destacó que el grupo Newsan viene trabajando del lado de la pesca y acuicultura, planteando la posibilidad de modificar la ley actual y buscando “producir salmón cuidando al medio ambiente como en el resto del mundo”. Según el empresario, contar con la experiencia y expertise le daría un plus para encarar este desafío.
Este no es el primer acercamiento de Newsan con los salmones: ya el presidente de la misma, Luis Galli, en 2022 había hablado de la importancia de integrarse a este mercado que hoy domina Chile con exportaciones por encima de los $5.000 millones de dólares.
En medio de este salmoneras si, salmoneras no y un intenso debate ciudadano entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo de la economía local, se escapan muchos conceptos y se transmiten de forma errónea.
Desde hace larga data que los economistas se preguntan como realizar un balance entre el cuidado del medioambiente y el crecimiento económico. Toda actividad del ser humano sobre la tierra tiene impacto en el planeta: desde la producción de carne vacuna, que representa como industria el 6° generador de CO2 a nivel mundial, la infraestructura de todo internet que representa 4% de la emisión de gases de invernadero total o el impacto que tienen nuestras acciones diarias como usar el auto en detrimento del colectivo o adquirir bienes que cuentan con plástico de un solo uso.
En esa estrecha relación de costo-beneficio elegimos algunas actividades por sobre otras, rechazando por ejemplo a la minería a cielo abierto, el fracking o, como es el caso de la isla, la salmonicultura. Es importante diferenciar salmonicultura de acuicultura, que aunque parezca una tontera muchos usan como sinónimos. La acuicultura es la cultivación de especies acuáticas: pueden ser frutos de mar, peces o algas, la salmonicultura es un tipo. En nuestra isla, está prohibida esta segunda, entendiendo que este balance entre impacto ambiental y proyección económica deja saldo negativo. La acuicultura es una industria válida a nivel mundial, siendo reconocida por la FAO, organismo de ONU abocado a Comida y Alimentos, como la forma más eficiente y sostenible de pesca.
El problema llega con los salmones: las experiencias previas en la región, principalmente acrecentadas por el escape de salmones en Chile en 2018 y nuevamente en 2020, llevaron a vincular la práctica con una de impacto ambiental severo. La realidad es que cuando la regulación es deficiente, el impacto se multiplica. Los salmones como tal generan una serie de problemas: alternación del suelo marino por el desecho del animal, la generación de enfermedades resistentes por el abuso de antibióticos, la posibilidad de escapes y la pérdida de recursos marinos para sostener a la fauna local. Todas cosas que pasan en mayor o menor medida en Chile, pero no en Noruega por ejemplo. La prohibición en definitiva te da la solución de evitar el impacto medioambiental, pero también restringe la posibilidad de llevar adelante la industria con buenas prácticas, como si se hace en otros lugares del mundo. Pensar una concentración menor de salmones por m3 de jaula, limitar la cantidad de antibióticos y establecer ciclos para la regeneración del suelo marino son elementos que se aplican en casos exitosos y también son válidos fuera del mar como en la agricultura. Debatir de forma adulta con los diversos estudios de impacto ambiental, sopesar la generación de puestos de trabajo e inversión, que allá por 2018 cuando se pensó el proyecto en el Canal Beagle rondaba los 2.000 empleos entre directos e indirectos con una inversión de 1.600 millones de USD, es una conversación a tener. No significa que mañana vamos a tener jaulas en Bahía Encerrada, como algunos pensaban que podía suceder, ni volver la provincia una gran Parque Nacional.
Desarrollados ya algunos de los puntos que proponen los pro-salmones, llega el turno de hablar de los detractores, que hace ya tres años tuvieron un logro histórico con la aprobación de la Ley. Quizás el más conocido de todos por su rol como chef y empresario gastronómico sea Lino Gomez Adillon. En una entrevista reciente por Fm Masters, Lino fue muy duro sobre el posible cambio de la ley, hablando de una “industria de la muerte” en referencia a la salmonicultura. Sacando su referencia a la pésima calidad del salmón criado, resaltó que “las salmoneras son la destrucción del mar”, así como de la pesca artesanal y la fauna nativa.
Hay un par de detalles sobre sus declaraciones que me gustaría contrastar: Adillón recalcó que la salmonicultura no genera trabajo, hablando de 50 o 100 puestos. Sacando de discusión si la salmonicultura es buena o mala, los puestos de trabajo proyectados en este tipo de iniciativas son superiores: no solo involucran los operarios de las plantas, sino la logística interna, las plantas de procesamiento, mantenimiento, seguridad, técnicos de análisis, etc.
Por otro lado, el reconocido chef hizo alusión a posibles modificaciones a la ley vinculada a la compra de votos, así como en instancias previas presiones de embajadores o diplomáticos, ligando la posibilidad de inversiones. Sin pruebas concretas, una acusación de ese calibre ensucia lo que tiene que ser un debate vinculado a la ciencia detrás del impacto ambiental del cultivo de salmones. ¿Si los informes acompañan, para qué entrar en ese terreno?
Las épocas de crisis nos hacen revisitar negocios o producciones que antes descartamos. La polémica de la salmonicultura no es menor y hay material de los dos lados de la biblioteca, ya sea para apoyar su implementación o su prohibición. Si hay algo que aprendimos del caso chileno es que las utilidades no están por, sobre todo, y que para comparar, hay que buscar los casos donde sí funciona este esquema y “copiar” las buenas prácticas que tienen. En el medio de un debate donde nadie parece querer escuchar al otro y mucho menos dar el brazo a torcer, queda una industria que tiene un marco sustentable y ya existe en la isla.
