Por Néstor Schumacher.- En tiempos donde la República Argentina, o al menos el Ejecutivo Nacional, sale a buscar inversiones con premura o hasta un poco de desesperación con sendas desregulaciones, Tierra del Fuego parece nadar el río contracorriente. Si Milei habló de “prohibido prohibir”, en la isla diríamos “prohibido por las dudas”.
La última noticia de una prohibición o regulación que impide el funcionamiento vino del lado de la conectividad: el Concejo Deliberante de Ushuaia denegó la instalación de la tecnología denominada 5G hasta no establecerse una serie de estudios científicos y ambientales sobre la misma. No tan lejos tuvimos la polémica por el servicio de transporte Uber y si pensamos en los años de los “brotes verdes” de Macri, dos proyectos quedaron varados por el posible impacto de los mismos: la ruta 30 hacia Puerto Almanza y las tan controversiales salmoneras.
Arranquemos con quizás la prohibición más ridícula de todas: el 5G. La tecnología lleva en aplicación varios años, arrancó allá por 2019 en Corea del Sur, y con la llegada de la pandemia fue una de las señaladas como culpable por las teorías conspirativas que también hablaban de microchips en las vacunas. Si buscamos un poco, vamos a ver que varios dispositivos en el primer mundo fueron derribados por vecinos y vecinas, acusando a los mismos de generar Coronavirus.
Así, Ushuaia se sumó a Azul en Buenos Aires, Lechmann en Santa Fe y Capilla del Monte en Córdoba como los municipios que evitan la llegada de este servicio. Caso aparte es Gualeguaychú que decidió revertir la norma. No obstante no todas las noticias son malas: el flamante concejal Nicolás Pelolli impulsará un proyecto que buscaría revertir la medida, aludiendo que “no existe evidencia alguna sobre el riesgo de la salud de este tipo de tecnología”, así como el uso de la misma en 120 países.
Ahora bien, vayamos a los casos más polémicos como podrían ser Uber, la Ruta Costera o las salmoneras. Mientras la discusión de Uber pasa más por la dicotomía entre si es mejor más trabajo flexibilizado o menos formalizado, los proyectos de la era Bertone durante la presidencia de Mauricio Macri contaron con un mix de mala comunicación, poca claridad sobre los impactos positivos y negativos, así como la falta de un debate claro en la comunidad previo a su implementación como tales.
No es ningún misterio que en Ushuaia hay un problema con el servicio de transporte de pasajeros. El terreno, la extensión de la ciudad y el impacto sobre los vehículos son todos factores que vuelven complejo no solo el servicio de colectivo sino el de taxis y remises. En el caso de los autos, también se suma una simple cuestión económica: los choferes y choferesas prefieren al cliente extranjero, porque allí hacen una diferencia que no sucede con el pasajero local. Uber, que tiene sus fallas también como modelo, es una alternativa que aumenta la oferta como contraparte a una demanda que no es satisfecha. Lo vemos con los remises “truchos” en redes sociales o las constantes quejas por la falta de autos en la calle.
Ante el intento de la compañía estadounidense en desembarcar en la ciudad más austral del mundo, el rechazo no fue solo de los taxistas y remiseros, sino también del municipio, quién controla el acceso a las licencias. Está más que claro que el modelo de trabajo flexibilizado que proponen las apps de este siglo está lejos de ser ideal, pero es una alternativa tanto para consumidores como para personas sin un ingreso fijo. Si los servicios ya existen en un formato ilegal: ¿No es mejor brindar un punto medio donde sean legalizados, contando así con seguros y autos en norma?
Dejado atrás el tema transporte, hagamos un poco de retrospectiva sobre dos mega proyectos del gobierno de Bertone que quedaron en la nada y terminaron costándole dinero al erario público. En el caso de la “Ruta Provincial N°30 Corredor Costero Canal Beagle” la idea era conectar Ushuaia con Puerto Almanza, potenciando el turismo con una nueva área, así como mejorando la conectividad con la pesca artesanal.
El problema apareció por inconsistencias entre la empresa licitatoria y sus informes, siendo denunciado por numerosas ONG y ex-empleados: estaban talando un bosque nativo de zona roja, que no puede ser intervenido, así como alterando superficie de turba, clave para la absorción de dióxido de carbono.
Algo parecido pasó con las salmoneras, si bien el informe medioambiental no estaba “flojito de papeles”, la falta de regulaciones sobre la acuicultura en el país abrieron la puerta a que la empresa noruega no utilizase los mismos estándares que en su país natal. A ello, se le sumó el escape de salmones en Chile, que tampoco ayudó a que el proyecto ganase algo de tracción en la comunidad.
En ambos casos, estamos hablando de inversiones millonarias, con un posible retorno en generación de puestos de trabajo y divisas extranjeras. En los dos casos también, una falta de planificación a la hora de presentar y defender los proyectos, que podrían haber sido discutidos, modificados y adaptados en la búsqueda de un punto medio, ya sea mover tramos de la ruta, establecer regulaciones sobre los antibióticos de los salmones o limitar la densidad de los mismos por jaula.
El problema es, que mientras la población reclama la falta de inversiones o proyectos nuevos que generen empleo genuino, sumado a la defensa de una industria establecida en Tierra del Fuego que aparentemente funciona con magia y no tiene ningún impacto en el suelo y agua de la isla, no parece encontrarse ningún punto intermedio que permita cuidar el medioambiente y al mismo tiempo a la gente. La famosa discusión entre costo y beneficio: que perdemos y qué ganamos cuando hacemos algo.
La Ruta quedó a medio camino, con un juicio entre la empresa que ganó la licitación y el Estado. Con las salmoneras “solo” se perdió el costo del estudio de investigación, unos 95.000 dólares. Ahora, con las nuevas oportunidades de inversiones que seguramente vendrán atadas a la desregulación, habrá que ser un poco más sensatos a la hora de pensar los proyectos, así como también evitar “prohibir por las dudas”. Con una situación mucho más compleja que hace 8 años, habrá que descender de ese escalón moral conservacionista, pensando en buscar un balance entre el bienestar del planeta y la gente.
