El Gobierno presentó en el Congreso la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos», abarcando emergencia económica hasta 2027, privatización, reforma electoral y un amplio abanico de cambios.
Este miércoles, el ministro del Interior, Guillermo Francos, formalizó ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la esperada «ley ómnibus», denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos».
La propuesta, que difiere del reciente DNU presidencial, busca la aprobación del Congreso para entrar en vigencia, ya que aborda medidas de índole impositiva, penal, económica y de partidos políticos.
Uno de los artículos más importantes, el 3º, declara la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», con posibilidad de prórroga por dos años adicionales mediante decisión del Poder Ejecutivo nacional.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a renegociar o rescindir contratos estatales anteriores a diciembre de 2023, excluyendo los ligados a procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y aquellos con financiamiento internacional. Además, derogaría la actual ley de Defensa de la Competencia y permitiría el arancelamiento de la universidad para extranjeros.
Una de las medidas destacadas es la privatización de empresas públicas bajo la normativa de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, buscando aumentar la competencia, eficiencia y atraer inversión privada. El proyecto también propone un blanqueo denominado «Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social», incentivando el pago voluntario de deudas con beneficios según la modalidad de adhesión y el tipo de deuda.
La eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es otra medida destacada en el ámbito electoral. Asimismo, se plantea la elección de diputados nacionales por distrito único.
La extensa ley, compuesta por 664 artículos, justifica las reformas debido a la «dramática situación económica y social» del país. Se destaca en los considerandos el cambio de modelo “producto de haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada», que, según el Gobierno, ha fracasado no solo en Argentina sino también en otros países.
El proyecto incluye medidas para mejorar la calidad regulatoria, fomentar la competencia, facilitar la renegociación de contratos estatales y simplificar normativas administrativas. Asimismo, busca promover el crecimiento en sectores como agroindustria, minería, energía, y tecnología mediante incentivos y regulaciones específicas.
Además, se abordan temas como seguridad, con un régimen para la organización de manifestaciones; cambios en el sistema educativo, con exámenes integradores y mayor transparencia en las calificaciones; y ajustes en la ley de quema, permitiendo acciones preventivas a los productores.
En el ámbito ambiental, se propone modificar la Ley de Glaciares para habilitar actividades económicas en zonas periglaciales con informes ambientales exigidos por la normativa.
La «ley ómnibus» también establece reformas en el sector energético, promoviendo el libre comercio internacional de gas, petróleo y derivados, así como la adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales.
El proyecto refleja la visión del Gobierno de La Libertad Avanza, que busca redefinir el rumbo del país frente a la crisis. Su implementación dependerá de la aprobación y debate en el Congreso, donde se anticipa un intenso análisis y discusión sobre la enorme diversidad de medidas propuestas.
