El abogado Jorge Pintos, quien previamente presentara un pedido de remoción del juez y ex secretario de la Causa AMIA, Javier De Gamas Soler, expresó su preocupación por el controvertido otorgamiento de una jubilación extraordinaria al ex funcionario, a pesar de su situación procesal pendiente en el caso que involucra la muerte de decenas de argentinos y múltiples acusaciones graves en su contra.
Pintos, por FM Master’s, afirmó: «Yo tomé conocimiento por los medios, porque había salido una publicación en un medio nacional, y tomé conocimiento de que se le habría otorgado el beneficio jubilatorio en virtud de eso. Ante esa circunstancia, consulté directamente a una autoridad de la Caja de Previsión de la provincia, para que me confirme esta información y, efectivamente, me confirmó que le habían otorgado la jubilación».
El abogado destacó que, además de las implicancias legales en curso contra De Gamas Soler, el otorgamiento de la jubilación levanta interrogantes sobre la idoneidad de los funcionarios encargados de tramitar dichos beneficios: «Los funcionarios que tramitan este tipo de cosas, solamente se los puede encuadrar de dos maneras: o son inútiles o son corruptos. No queda otro porque es vox pópuli todo lo que pasó está acreditado, se lo sabe a nivel internacional, pero acá pretende hacerse oídos sordos o mirar para otro lado ante situaciones como esta».
Pintos también planteó la cuestión de la legalidad del beneficio otorgado a De Gamas Soler, argumentando que podría ser nulo debido a su objeto ilegítimo: «Para mí es nulo porque, si quien lo propone está en pleno conocimiento que es ilegítimo, porque no tendría las condiciones como para acceder, sabe que hay un jury en su contra, tiene un procesamiento, por lo tanto él mismo, en su recurso ante la Corte Suprema manifiesta que el riesgo que tiene justamente es que deberían destituirlo, no cabe duda que si el objeto es ilegítimo, el tratamiento de esta resolución sería nula porque tiene un objeto de por sí ilegítimo».
El abogado también está considerando presentar una denuncia ante la Fiscalía en relación con el otorgamiento de la jubilación y el presunto incumplimiento de deberes por parte del funcionario que firmó la resolución.
La controversia en torno a la jubilación de De Gamas Soler ha planteado preguntas sobre la integridad de todo el sistema provincial. Pintos concluyó conjeturando que la jubilación «es un premio, pero no al prontuario judicial, sino a los beneficios que le pudo haber otorgado a gente cercana al poder o a sus allegados, que fueron los que lo mantuvieron durante todo este tiempo. De otra manera no se concibe».
