Por Guillermo Worman.- Como en cada momento preelectoral en Argentina, asistimos nuevamente a escenas de saqueos y ocupaciones de tierras que buscan desestabilizar la tranquilidad y el orden público.
Estos actos de violencia y desorden son un recordatorio doloroso de cómo algunos grupos buscan socavar la estabilidad social y política en busca de sus propios intereses, sin considerar el bienestar general de la sociedad.
Frente a estas situaciones, es importante reafirmar que la salida a los problemas no se encuentra ni en la violencia organizada como tampoco en este tipo de actos que repentinamente surgieron después de las PASO, sino en la prevención estatal y el ejercicio responsable de la autoridad pública.
La prevención estatal en cuestiones de seguridad es esencial para evitar la escalada de conflictos y el surgimiento de actos vandálicos. También para desalentar a grupos que promueven climas de anarquía y desorden a nivel social.
En lugar de esperar a que los problemas se vuelvan incontrolables, las autoridades deben anticiparse a las situaciones de riesgo y tomar medidas proactivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la integridad de comercios y el uso comunitario específico de la tierra pública.
Por esto mismo, la presencia policial (una potestad exclusiva de las provincias y del Estado a nivel federal) y la coordinación con las comunidades locales son herramientas fundamentales en este enfoque de prevención.
Ante estos episodios desestabilizantes, el ejercicio de la autoridad pública también juega un papel crucial en la gestión de situaciones delicadas. De allí que, las autoridades deben actuar con firmeza y determinación para evitar que actos de violencia y desorden se propaguen. En efecto, la autoridad, cuando se ejerce correctamente, es un instrumento de protección de los derechos y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Ni saqueos ni ocupaciones
La relación entre los actos de saqueo y ocupación y la época preelectoral no es casual. Algunos grupos intentan aprovechar la incertidumbre y la polarización política para avanzar en sus propias agendas. De allí que es crucial que la sociedad en su conjunto rechace estos métodos y busque soluciones pacíficas y constructivas para los problemas que enfrenta.
En el contexto de ocupaciones de tierras, es necesario reconocer que la problemática del acceso a la tierra y la vivienda es sumamente compleja. El Estado debe intervenir activamente para generar nuevas soluciones habitacionales, asegurando que aquellos que más lo necesitan tengan acceso a un techo digno. Además, el Estado debe trabajar en conjunto con los desarrolladores privados para orientar de manera racional la oferta de nuevas viviendas y regular los alquileres, evitando la especulación y garantizando precios justos.
Al fin y al cabo, la salida a los problemas sociales y económicos no se encuentra en la violencia, los saqueos ni las ocupaciones.
Todo lo contrario: La prevención estatal, el ejercicio de la autoridad pública y la búsqueda de soluciones concretas y pacíficas son las claves para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad.
Por esto mismo, es momento de rechazar la desestabilización y la violencia, y en su lugar, desarrollar colectivamente soluciones viables, justas, seguras y, sobre todo, ajustadas a las normas que nos rigen como sociedad.
