La instalación de una antena radar en Tolhuin por parte de una empresa de capitales británicos ha generado polémica y ha llevado al secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, a abordar la responsabilidad e injerencia que la provincia tiene en este asunto mediático.
Según dijo Dachary en FM Master’s, algunas cuestiones relacionadas con la defensa, las relaciones exteriores y las comunicaciones son responsabilidad del Gobierno Nacional debido al carácter federal del país. En sus palabras, “hay cuestiones que, por el carácter federal de nuestro país, son funciones delegadas al Gobierno Nacional. Esto no es para evadir responsabilidades, sino de a quién corresponden o no las aprobaciones”.
Dachary también mencionó la existencia de otras instalaciones de sensores en la provincia, como la estación astronómica Río Grande, que trabaja con distintos programas espaciales a nivel internacional. En relación a esto, afirmó: “ya hay instaladas en nuestra provincia muchos más sensores, porque la estación astronómica Río Grande trabaja con distintos programas espaciales. Se canaliza por el mismo mecanismo”.
El funcionario hizo hincapié en que la autorización inicial de la antena radar provino del área de comunicaciones de la Universidad Nacional de La Plata, mientras que la aprobación ambiental, responsabilidad de la provincia, no está vinculada a la capacidad, orientación o funcionalidad de la antena: “recordemos que esta estación depende de la Universidad Nacional de La Plata, y hay una primera autorización precaria que, más allá de calificación -todas las autorizaciones son precarias, no hay autorizaciones perpetuas-, se da justamente a través del área de comunicaciones. La segunda instancia tiene que ver con una autorización del gobierno de la provincia, pero en lo que es lo ambiental, referido al impacto de la posibilidad de que afecte o no al entorno”.
Dachary también expresó su sorpresa por la forma en que se desencadenó la controversia, mencionando una publicación en un medio desconocido: “A partir de la publicación en un medio, honestamente totalmente desconocido, a partir de ahí es un escándalo nacional” sostuvo.
Abordó los cuestionamientos que han surgido en relación al proyecto y su posible utilización militar. En sus declaraciones, aclaró: “el cuestionamiento está dado desde dos lugares. Un lugar tiene que ver con lo que se llamaría la actitud. Es decir, hay un proyecto que se presenta con un objetivo que es instalar una estación para monitorear lo que es basura satelital, y esta información ser vendida. El cuestionamiento pasa de esto, a algo que podría tener una utilidad militar y ser un objetivo en caso de una tercera guerra mundial”.
Dachary destacó que la Secretaría de Comunicaciones fue la entidad encargada de aprobar la instalación tras corroborar que cumplía con lo prometido. Según sus palabras: “en este sentido, quien tiene que verificar esto, justamente, es la Secretaría de Comunicaciones, que es quien lo aprobó y quien hizo esto el 30 de junio pasado, en una misión que, junto el equipo de la empresa, estuvieron en el territorio y corroboraron que lo que se instaló cumplía con lo prometido”.
Desde la perspectiva de la provincia de Tierra del Fuego, Dachary señaló un problema relacionado con la constitución de las empresas involucradas. En sus declaraciones, expresó que el 95% forma parte de una empresa de origen irlandés y el 5% es una empresa del Reino Unido: “para nosotros esto, más allá de las decisiones finales que tome el Gobierno Nacional, sí debería ser modificado, porque es una incongruencia estar de cierta manera favoreciendo el desarrollo económico de una empresa británica con generación de información, más allá de que no sea militar, desde la provincia de Tierra del Fuego”.
Finalmente, el secretario informó que, hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha solicitado la cancelación del proyecto, pero tanto este ministerio como la Secretaría de Comunicaciones expresaron su interés en obtener más información al respecto. Dachary explicó: “la resolución de la Secretaría de Comunicaciones y el Ministerio de Defensa, lo que dice es que les gustaría tener más información al respecto. Sobre este pedido de mayor información del Ministerio de Defensa, la Secretaría de Comunicaciones resolvió retirar esa habilitación temporal, y a su vez, a partir de toda la información del proyecto que va a remitir a Defensa, pedir la mirada del Ministerio de Defensa y de la Cancillería”.
