Gabriela Muñiz Siccardi se refirió al conflicto por la percepción del impuesto inmobiliario y el pedido de derogación de la ley por parte de las tres municipalidades, luego de la reunión con representantes del gobierno provincial.
Tras la reunión mantenida el viernes pasado entre representantes de las municipalidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin con el ministro de Economía de la provincia, Federico Zapata García, y el director Ejecutivo de AREF, Oscar Bahamonde, la secretaria de Planificación y Desarrollo de la Municipalidad de Ushuaia y vice Intendenta electa, Gabriela Muñiz Siccardi, hizo declaraciones respecto al complejo conflicto por la percepción del impuesto inmobiliario.
En este sentido, Muñiz Siccardi expresó que la primera opción planteada por los tres municipios es la derogación de la ley que rige el cobro de dicho impuesto: “estamos trabajando con la Legislatura para lograrlo”, señaló la funcionaria. En caso de que la derogación no sea factible, se plantea que el cobro y la administración del impuesto queden a cargo de los municipios, ya que es una parte fundamental de sus finanzas diarias y necesidades.
“Entendemos que no correspondería que lo cobre el gobierno y que sea la inversa, ellos cobran y lo coparticipan, bueno, nosotros cobramos y lo coparticipamos”, manifestó Muñiz Siccardi, resaltando la importancia de que el cobro del impuesto quede en manos de los municipios.
Sin embargo, la secretaria de Planificación y Desarrollo también destacó que el proceso de derogación requeriría un trabajo técnico exhaustivo para determinar cómo se llevaría adelante el cobro y la posterior coparticipación a la provincia, lo cual llevaría tiempo.
Además, se mencionó que el impuesto es anual y muchos vecinos ya han realizado su pago a principios de año, por lo que su aplicación en el presente año no sería factible.
Muñiz Siccardi expresó la expectativa de que se lleve a cabo una nueva reunión para obtener respuestas sobre el pedido de derogación, o al menos una contestación por parte del Ejecutivo a la solicitud. En caso de que no se logre la derogación, se buscará trabajar en conjunto con la Legislatura para encontrar soluciones que no perjudiquen los ingresos de las municipalidades y garantizar que el impuesto siga siendo administrado por los municipios.
“Esperemos que nos vuelvan a convocar o que nos comuniquen cuál ha sido la resolución, el primer pedido que hicimos los tres municipios. No es que dijimos ‘bueno y de paso fíjate…’, fue lo primero que se concretó. Si esto no será así, seguir por otras vías en la Legislatura. Mientras tanto trabajar técnicamente la reglamentación, pero siempre la base es que lo sigan cobrando los municipios. De parte de los municipios no van a tener otro consenso, otro acuerdo, otra opinión que diga que lo tiene que cobrar la provincia”, concluyó Muñiz Siccardi.
El conflicto por la percepción del impuesto inmobiliario continúa siendo un tema de discusión y trabajo entre las municipalidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, quienes buscan encontrar una solución que responda a las necesidades reales de las arcas de cada localidad.
