El secretario de Finanzas de la municipalidad de Río Grande, la secretaria de Planificación e Inversión Pública de la municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, y representantes del municipio de Tolhuin, se reunieron con el ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata y el director Ejecutivo de la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, para analizar la privación de la percepción del impuesto inmobiliario por parte de los Municipios.
Fue el primer encuentro tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó el recurso extraordinario presentado por las municipalidades y habilitó a la Provincia a percibir el cobro.
Durante el encuentro, los municipios solicitaron la derogación de la ley 1075. López reivindicó la postura del Municipio de Río Grande en defensa de los recursos de los riograndenses, a los fines de evitar el perjuicio que ocasionaría el traslado del impuesto inmobiliario a la órbita provincial.
En la reunión se consensuó que los órganos perceptores del Impuesto Inmobiliario sigan siendo los Municipios, dada la importancia que tienen estos fondos en el día a día de las finanzas municipales.
«Realizamos el pedido de derogación de la ley 1075 y planteamos la necesidad de que el Inmobiliario continúe siendo recaudado por los municipios», ya que «consideramos que este impuesto es fundamental para el día a día de cada ciudad», dijo Muñiz Siccardi.
Y agregó que «hay un compromiso de continuar dialogando» porque «hay muchos problemas desde lo técnico en caso de que no se logre la derogación».
«Cada Municipio planteó los inconvenientes que le acarrea la resolución judicial, y por qué consideramos en conjunto que el cobro debe continuar en cabeza de las ciudades», enfatizó la funcionaria municipal.
Muñiz Siccardi manifestó que el Gobierno provincial «va a analizar todos los planteos y consultas que realizamos los municipios, para dar una respuesta en la próxima reunión».
Las autoridades presentes acordaron la viabilidad de avanzar en dos líneas. En primer lugar, sobre posibilidad de derogar los artículos de la ley 1075 correspondientes al Impuesto Inmobiliario. En segunda instancia, sobre las garantías de mantener el nivel de recaudación en función de las alícuotas en términos porcentuales, a partir del diferencial que surja de las nuevas alícuotas.
Asimismo, se propuso seguir trabajando en términos técnicos para encontrar la mejor solución, en el corto plazo, a la problemática planteada.
Por último, en la reunión se estableció que no habrá avances a futuro sobre el Impuesto Automotor.
