Por Guillermo Worman.-La reciente confirmación de un radar con capacidad de monitoreo espacial en Tierra del Fuego, instalado por una empresa de capitales irlandeses, norteamericanos y británicos, plantea serias preocupaciones sobre la falta de acceso a la información pública en general.
Esta revelación, ampliada con un informe oficial presentado al senador nacional Pablo Blanco, destaca la importancia de tener una sociedad informada y el derecho de los ciudadanos a conocer los asuntos de interés público, máxime cuando entran en juego cuestiones vinculadas a la soberanía nacional.
La falta de información oficial en este caso es especialmente alarmante, considerando la ubicación estratégica del radar a tan solo 600 kilómetros de las Islas Malvinas, un territorio ocupado ilegalmente por el gobierno británico y de gran sensibilidad política para Argentina, y sobre todo para Tierra del Fuego.
La existencia de esta estación tecnológica (¿con posible capacidad militar?) debería haber sido de conocimiento público desde su instalación, en lugar de permanecer oculta durante meses por parte de todas las autoridades que intervinieron para concretar su operación.
La teoría de nuestro sistema político indica que el acceso a la información pública es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Y los ciudadanos tienen el derecho de saber y entender las acciones del gobierno y las actividades que afectan sus vidas y su seguridad.
Por esto mismo, la transparencia garantiza que los funcionarios públicos sean responsables ante la población y evita que se tomen decisiones unilaterales y sin control.
La vaguedad de la información en temas de interés nacional, como la instalación de un radar con potencial incierto, carcome la confianza pública en las instituciones y genera suspicacias sobre las intenciones detrás de estas acciones.
A las claras quedó demostrado que la reticencia a compartir información relevante solo alimenta teorías conspirativas y desconfianza en las autoridades.
De allí la enorme necesidad que los organismos gubernamentales responsables de otorgar permisos para proyectos de esta magnitud sean más rigurosos en su evaluación y proporcionen información completa y veraz a la ciudadanía.
Tomemos conciencia de cómo se terminó por conocer la existencia de un radar a pocos kilómetros de nuestras casas: una de las gerentas norteamericanas de la empresa Leolabs se lo presentó a uno de los senadores nacionales por Tierra del Fuego. De no haber sido así, no tendríamos información de suma utilidad pública.
En este sentido, es esencial que los medios de comunicación, la sociedad en general y la oposición política ejerzan su rol de vigilancia y presionen por una mayor transparencia en los asuntos de interés público en manos de los oficialismos.
Por otra parte, también llama la atención la complicidad silenciosa de quienes integran, con mayor o menor cercanía, los mismos espacios políticos que las autoridades que autorizan de espalda a la comunidad fueguina un radar de características tan inciertas.
No deja de llamar la atención que, en momentos de una enorme circulación de ideas y contenidos, nos enteremos gracias al aporte de una empresa privada extranjera que en el patio de nuestras casas existe un radar de origen británico-norteamericano, del que tenemos nulo conocimiento oficial sobre su finalidad y las implicancias que su utilización podría traer para la sociedad fueguina.
Nunca dejemos de recordar la importancia que tiene la transparencia y el acceso a la información pública para cualquier sociedad democrática.
