La integrante de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Confederación de Trabajadores Argentinos de Ushuaia, María José Pazos, confirmó lo anunciado por las autoridades de la Escuela Especial 1, Kayú Chenén, que por dificultades edilicias no se dará inicio a las clases el próximo día miércoles.
Como viene sucediendo año tras año sin solución de continuidad, la escuela sufrió a fin del año pasado una nueva problemática, con evacuación incluida por una supuesta pérdida de gas que finalmente resultó una pérdida de monóxido de carbono.
El día anterior al comienzo de las clases, se confirmó que la escuela no cuenta todavía con la habilitación de Camuzzi, después de ese episodio ocurrido hace tres meses y habiendo transcurrido casi todo el verano.
Además, el gremio docente difundió un informe con imágenes contundentes sobre el estado general de la escuela. “Realmente nadie en sus cabales pretendería o permitiría que un hijo o una hija suya, asista a la escuela en esas condiciones” reflejó María José.
Recordó por otra parte un accidente con los vidrios, en donde un hijo suyo fue uno de los accidentados. “Los pegaron, los apoyaron, parece que hicieron un poco de adobe y apoyaron los azulejos así en la pared de los baños. Realmente si eso se cae arriba de una persona, las consecuencias pueden ser terribles” lamentó.
Respecto de alguna fecha tentativa para el inicio de las clases, Pazos dijo “absolutamente nada”. Y volvió a puntualizar en la evidente desidia, habiendo transcurrido todo el verano: “los docentes ni siquiera pudieron ir a la escuela hasta el viernes, el equipo directivo no pudo ir a la escuela hasta el viernes de la semana pasada, donde tomó conocimiento”.
Pazos, visiblemente afectada por la situación, describió la penosa situación que no permite a los niños “llegar a la escuela, por lo general hay un acto de bienvenida de las chicas y los chicos y del resto de los docentes… las docentes no pudieron ingresar al aula para prepararla para el año”.
El perjuicio para las familias es enorme, reflejó luego, “porque a mí no me reconocen en mi trabajo un día que yo no vaya, porque la escuela de mi hijo no funciona. No podemos en el año 2023 darnos cuenta que las escuelas hay que arreglarlas durante el verano, para que durante el resto del año los pibes puedan ir a la escuela, los docentes puedan estar haciendo su trabajo y los comedores funcionen” enumeró con absoluta lógica ante el severo inconveniente.
Señaló que un día sin clases para un chico con discapacidad, y que tenga que quedarse en su casa, “implica que no conseguís una niñera, no hay personal especializado para el cuidado de niños o jóvenes con discapacidad, nosotros estuvimos todo un año sin poder conseguir acompañante terapéutico y ni siquiera pretendiendo que la obra social lo cubra, que es otro de los problemas”.
También criticó que la Justicia provincial no cuente con un representante de los derechos de las personas con discapacidad, “que pueda hacerse cargo de esto, de que sistemáticamente año tras año, la escuela especial Kayú Chenén, la única de Ushuaia, no pueda comenzar las clases en condiciones, en tiempo y en forma”.
“No tenemos quién defienda los derechos de esas niñas, esos niños y esos jóvenes, porque los padres ya estamos agotados de renegar con estas cosas y sentir que encima no estamos haciendo bien nuestro trabajo como padres, porque por más que salgamos a gritar, a poner el cuerpo, a hacer manifestaciones, movilizaciones, marchas, no conseguimos el objetivo”, planteó, ante la certeza que a 28 de febrero sus hijos no van a comenzar las clases y no encuentran opción.
Como “angustiante y frustrante”, calificó luego la sensación de recibir los mensajes de los maestros pidiendo encontrarse con los alumnos: “no tengo más palabras, porque lo mismo que estoy diciendo ahora lo dije hace un año atrás. Me escucho yo, y cuando no es la caldera, es el gas. Atrás de todo eso hay responsabilidades, la provincia tiene cuántas leyes de emergencia en educación en los últimos años”.
Finalmente, María José Pazos reprochó que la escuela especial “debería por lo menos imponer respeto a las autoridades, no venir a decirnos dos días antes que sienten vergüenza ajena porque no pudieron resolver la cuestión edilicia en tres meses”, teniendo para ello los recursos económicos y legales para hacerlo, según analizó, por último.
