La Obra Social del Poder Judicial, a la que están afiliados trabajadores y magistrados de la Nación, está envuelta en un escándalo por supuesta malversación de fondos, cuyo último capítulo es el allanamiento de este lunes a su sede central de calle Lavalle al 1600, en la ciudad de Buenos Aires, por orden de la jueza María Capuchetti.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales viene desde hace tiempo denunciando lo que califica como poco transparente manejo del voluminoso presupuesto asignado al Máximo Tribunal de la Nación.
Dentro de esa oscuridad contable, señalan, se encuentra la obra social. Su estructura, en el marco de un reparto de poder interno, está bajo el control del supremo Juan Carlos Maqueda, quien a su vez designó como director de la misma a Aldo Juan Tonón. Es, acusa el sindicato, una especie de “loteo de facultades” y un kiosco con abundante caja manejada de forma discrecional.
La investigación que derivó en el allanamiento. El caso se inició con la denuncia presentada el 14 de septiembre en los tribunales federales de Comodoro Py por un empleado del área informática de la obra social.
Los judiciales emitieron un comunicado donde denuncian las irregularidades que vienen padeciendo con la Obra Social. “Hace mucho tiempo que se viene denunciando las falencias y la falta de precisión, además de no tener la debida atención”, dijo el Secretario General de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Luis Bechis, por FM Del Pueblo.
“Con el aporte que hace el judicial, tendría que estar a la altura de las privadas, porque es mucho el dinero que se aporta. Ha habido reclamos de parte del gremio, solicitudes de integrar el directorio para mejorar el servicio. Porque los que padecen más la falta de atención son los afiliados del interior”, agregó.
Según Bechis, “está centralizada en capital federal, son empleados que se les paga un adicional para que hagan las ordenes, no tienen la facultad para generar convenios. Y tuvimos que llegar a esta salida desde la policía federal para que tomaran conocimiento los medios”.
“Son todos los empleados judiciales con ingresos importantes que aportan para que funcione de otra manera”, concluyó.
