El concejal Paulino Rossi promueve una herramienta similar a la que oportunamente presentó para los funcionarios que actualmente cumplen funciones en los organismos públicos municipales. Se trata de evitar que personas con consumo de estupefacientes ejerzan cargos públicos.
En esta oportunidad promueve una iniciativa con rango de Ordenanza por la cual establece la obligatoriedad de realizar los estudios necesarios para el certificado de examen toxicológico, por lo cual este proyecto tendría alcance para los candidatos a concejales e intendente de la ciudad de Río Grande.
Cabe remarcar que esta iniciativa se suma a la norma ya existente que obliga a autoridades electas y designadas a presentar certificados que indiquen que no poseen dependencia alguna sobre estupefacientes.
El proyecto establece que el plazo de presentación del certificado será de 30 días contados a partir de la oficialización de la lista de la Junta Electoral, y los estudios como así también la evaluación de los mismos, deberán ser realizados en una institución pública, siendo que el resultado de los mismos serán girados al organismo requirente de manera tal, que no viole la privacidad del candidato.
En caso de que los estudios realizados determinaran deterioro adictivo, el candidato deberá presentar certificado que se encuentra en tratamiento de rehabilitación recomendado por el profesional interviniente.
Al respecto Rossi sostuvo que “los actos y las decisiones de los funcionarios públicos
conllevan la responsabilidad de conducir no solo el patrimonio público, sino también la salud pública, la educación pública, como otras tantas cosas, por lo cual es deber del funcionario público, sea este electo o designado, garantizar la responsabilidad de los actos de gobierno y asegurarle al contribuyente que las decisiones serán tomadas con la lucidez que el manejo de la cosa pública amerita”.
Asimismo manifestó que “de ninguna manera el dictado de la presente norma atenta contra la privacidad de las acciones de los ciudadanos, solo pretende garantizar el buen accionar de los funcionarios a la hora de ejercer su función”.
Finalmente indicó que “nosotros consideramos que tenemos que hablar de requisitos éticos y morales para el ejercicio de la función pública, por lo cual no está apto para la función pública una persona que depende de las drogas”, resaltó.
