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El MPF tiene muchas dudas con respecto a las políticas de seguridad y citó a Murray

2017-04-19 |

 El legislador Villegas advirtió que el “botón antipánico” y las comisarías preventoras de violencia de género todavía no han sido puestas en marcha. Pretende citar a Ezequiel Murray y también al jefe de la Policía Provincial para que detalle los problemas de inseguridad que se viven la Margen Sur de Río Grande.

 

 

USHUAIA.- El legislador mopofista Pablo Villegas presentó una nota al presidente de la comisión legislativa número seis, Ricardo Furlan, para solicitar que sean convocados el secretario de Seguridad Ezequiel Murray y el jefe de la Policía de Tierra del Fuego Nelson Moreyra. El objetivo es poder consultarlos sobre cuestiones relacionadas con la puesta en marcha del  sistema de alerta de localización georreferencial de protección y de las comisarías preventoras de violencia de género.

En diálogo con Tiempo Fueguino, el parlamentario dijo que se busca conocer cuál es el trámite de ejecución que está llevando adelante la Secretaría de Seguridad de la provincia respecto de distintas herramientas legislativas que el año pasado la Legislatura plasmó en leyes.

La ley 1127  crea las comisarías preventoras de violencia de género que, según expuso Villegas, establecen un cambio de matriz en la parte de seguridad y, a la vez, imponen la existencia de un equipo interdisciplinario. “Tenemos información de que al día de la fecha no hay nada al respecto y por eso queremos solicitar la presencia del secretario de Seguridad y del jefe de la Policía Provincial para que den precisiones sobre la puesta en marcha de lo que prevé la ley”, expresó.

Por otra parte, se pretende saber cómo se encuentra la ejecución del sistema alerta de localización georreferencial, que se conoce como “botón antipánico”. Este sistema fue establecido mediante la ley 1130 (sancionada el 30 de noviembre de 2016, promulgada el 27 del mismo mes y publicada el 2 de enero de 2017).

“Antes de que sucedan hechos o se profundice una problemática social marcada, queremos saber qué se está haciendo con estas herramientas legales puestas a disposición del Poder Ejecutivo y que en los hechos significarían una mejor calidad institucional en la prestación del servicio de seguridad a las personas que sufren violencia de estas características”, explicó el parlamentario.

 

Comisarías preventoras

 

Cabe mencionar que poner en funcionamiento las comisarías preventoras de violencia de género requeriría crear nuevos espacios, es decir, comisarías nuevas, especiales, que permitan cumplir las metas establecidas por la ley 1127 entre las cuales figuran la garantía y la promoción del derecho de las personas a ser oídas en un espacio de comprensión y buen trato y el asesoramiento a través de un equipo interdisciplinario sobre los derechos que les asisten a las víctimas de violencia de género, garantizando su efectivo cumplimiento. Este equipo deberá estar integrado por una abogada o abogado, una psicóloga o psicólogo, una asistente social o un asistente social, una psicóloga social o un psicólogo social y una médica forense o un médico forense.

Villegas, que el lunes participó de las jornadas de puesta en marcha del protocolo integral de asistencia a las víctimas de violencia de género, indicó que en las mismas “quedó de manifiesto que hay una necesidad imperiosa de que en el ámbito policial existan los médicos forenses necesarios para que aquellas personas que son víctimas de este tipo de violencia puedan llegar a ser evaluadas médicamente en el lugar y no tener de deambular por los hospitales públicos o los centros de salud a los fines de obtener un certificado médico que constate las lesiones, por ejemplo, lo que sin lugar a dudas produce una clara revictimización secundaria”.

Consultado sobre si la falta de comisarías preventoras pondrían en riesgo el cumplimiento del protocolo integral de asistencia, el parlamentario evaluó que “el protocolo es un avance, es un salto cualitativo porque establece un sistema interministerial de actuación frente a un conflicto de estas características que es tan importante en la provincia pero no es todo”. Advirtió que para que el protocolo pueda materializarse en los hechos concretos, como una verdadera herramienta de gestión positiva, debe ser acompañado de otras medidas. “Por eso nuestra preocupación y ocupación de citar a las autoridades de Seguridad porque tanto el sistema de localización georreferencial como las comisarías de violencia de género todavía no han sido puestas en marcha y no queremos esperar a que la realidad nos vuelva a golpear las puertas teniendo que lamentar hechos de estas características cuando hay herramientas legislativas que deben ser puestas en marcha y sin lugar a dudas van a colaborar en la solución de tan delicada problemática”, enfatizó.

 

Inseguridad en Río Grande

 

Los legisladores del MPF también quieren tener la opinión de las autoridades de Seguridad respecto de la situación que experimenta el norte de la provincia. “Sabemos que las realidades de las ciudades son distintas ―dijo comparando Río Grande y Ushuaia― y nos hemos anoticiado de algunos comentarios, de algunos funcionarios policiales, diciendo que hay ausencia de personal en determinadas áreas que requieren una presencia policial más que importante en la Margen Sur de Río Grande”.

Con respecto a las cuestiones que preocupan a la Municipalidad de Río Grande y que tienen que ver con fiestas clandestinas y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, Villegas consideró que “el alcohol y las drogas, son factores de riesgo que por ahí condicionan y potencian la comisión de hechos delictivos”. Indicó que en esta problemática “deben intervenir y trabajar mancomunadamente las autoridades municipales que tienen competencia en la materia pero también las autoridades de Seguridad en la provincia”.

“Vemos, a través de medios periodísticos, este tipo de situaciones y también podríamos aprovechar para consultar al secretario de Seguridad al respecto”, acotó.  

 

La violencia en números: “Las estadísticas a nivel provincial son marcadamente limitadas”

En relación a los estudios estadísticos que se realizan en Tierra del Fuego para medir el alcance de la violencia de género, el legislador del MPF indicó que “las estadísticas a nivel provincial son marcadamente limitadas en materia de seguridad porque las que tenemos a disposición son las que elabora la Policía de la Provincia y son, a mi modo de ver, bastante sesgadas porque tienen que ver con las denuncias policiales que se realizan. A eso hay que acompañarle, sin lugar a duda, datos estadísticos del Poder Judicial que no tenemos hoy en día y sin lugar a dudas sumarle encuestas de victimización porque de una encuesta de victimización se pueden obtener datos de realidad social que por allí no se denuncian”. En este aspecto explicó que “en materia de seguridad siempre hay una tasa del delito emergente, es decir que se denuncia, pero para nada esa tasa objetiva de la denuncia del delito significa que no haya una delincuencia sumergida, delitos que no se denuncian o que no llegan al conocimiento de las instituciones, como por ejemplo casos de violencia de género o casos de violencia sexual infantil u otro tipo de delitos”.

Opinó que en materia de estadísticas en la provincia hay mucho por hacer y remarcó que desde su bloque están trabajando en consecuencia. “Desde el ámbito legislativo estamos recopilando información, del Sistema Penitenciario también,  y estamos requiriendo información al Poder Judicial para luego hacer un trabajo más sistematizado al respecto y en el caso que entendamos que hay necesidad de hacer un aporte legislativo en este tema lo vamos a hacer”, concluyó.

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