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Fueguinos Autoconvocados volvieron a pedir que el IPV los incluya en proyecto habitacional

2017-08-11 |

Referentes de la fundación expusieron la situación que viven alrededor de 100 familias que quedaron excluidas del convenio firmado el año pasado por el Instituto Provincial de Vivienda. “No tenemos nada, solo un convenio vacío”, sostuvo Irene Pincol y reclamó que “el IPV genere un proyecto o anteproyecto” que los incorpore en el barrio 11 de Noviembre.

 

USHUAIA.- Este miércoles, en el marco de la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia, referentes de la Fundación Fueguinos Autoconvocados hicieron uso de la banca del vecino para exponer las situación que viven alrededor de 100 familias que fueron excluidas de la urbanización del barrio 11 de Noviembre, ubicado en las inmediaciones de la calle Facundo Quiroga al 300.

Irene Pincol hizo una reseña de la lucha que vienen llevando adelante desde hace varios años. “Nos autoconvocamos en el 2006 los padres de un grupo de jóvenes por la demanda habitacional. Todos pudimos detectar en aquel momento que la situación de la tierra y la vivienda estaba muy complicada”, dijo y recordó que el Registro de Demanda Habitacional estaba cerrado.

Mencionó que en su momento visitaron al entonces intendente Jorge Garramuño y se dio “un paso adelante” reconociendo la situación que padecían los vecinos. Un año después, en el 2007, se trabajó en una nueva ordenanza que establecía abrir el Registro Habitacional. Señaló que en aquel entonces el actual vicegobernador Juan Carlos Arcando, ocupaba una banca en el Concejo Deliberante por lo que él “bien sabe” de los inicios y de la lucha de los Fueguinos Autoconvocados.

Pincol advirtió las dificultades que tienen las familias agrupadas en la fundación. “Seguimos con nuestras familias hacinadas, hay hasta cuatro familias dentro de una casa. Los jóvenes viven con los padres o en el fondo de la casa de los padres, la necesidad pasa a molestar a los padres, los padres se la bancan y hay otros tantos que alquilan y el alquiler es más de la mitad del sueldo, les queda poco para vivir y la situación cada vez está peor”, manifestó. Resaltó que “la gente necesita que haya una planificación para poder vivir tranquila”.

Según expuso Pincol, indicó que los autoconvocados son dueños del predio en cuestión dado que en 2007 se les otorgó la propiedad de la tierra mediante ordenanza municipal.

Sin embargo, en el contexto de profunda crisis habitacional que se vivía en aquellos años y que continúa hasta nuestros días, el predio fue “usurpado”. La zona en cuestión es la sección f del macizo 114 del ejido urbano.

“Pasó el tiempo y nosotros no vamos a entrar en una situación de conflicto con nuestros vecinos. Sumamos a que la gente pueda lograr vivir bien”, expresó Pincol.

La referente hizo hincapié que en el 2016 los autoconvocados trabajaron en conjunto con el Municipio para realizar los proyectos de agua, cloaca, energía y mensura.

En el 2011, los Fueguinos Autoconvocados lograron que el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Provincial se juntaran y decidieran hacer un proyecto integral que incluyera a los vecinos que vivían en el lugar y a los autoconvocados.

Sin embargo, después de toda esa lucha, los autoconvocados, en el año 2016 se encontraron con que los habían dejado afuera del convenio.

A través de la Ordenanza 5147, de noviembre de 2016, el Concejo Deliberante ratificó en todos sus términos el Decreto Municipal 1396/2016 por el que se ratificó el convenio marco número 10754 firmado entre la Municipalidad de Ushuaia y el IPV (Instituto Municipal de Vivienda) referido al saneamiento urbano definitivo del sector denominado 11 de Noviembre.

A través de esa misma ordenanza se autorizó al Municipio a transferir el predio en cuestión. Pincol remarcó que el Municipio transfirió el predio con la condición de que el IPV incluyera a los autoconvocados.

Cabe recordar que el presidente del IPV, Luis Cárdenas, rubricó un convenio con el representante de los Fueguinos Autoconvocados, Juan Carlos Gómez para que en el saneamiento urbano se incluya no sólo a las familias ocupantes del predio sino también a los integrantes de la fundación. A través de ese acuerdo el IPV se comprometió a realizar ante la Secretaría de Vivienda de  Hábitat de la Nación la presentación del proyecto de intervención como así también las gestiones necesarias para la obtención del financiamiento para implementar las obras; a articular con todos los organismos o entes autárquicos prestatarios de servicios a fin de acordar la intervención que les compete en el proyecto que se plantee y a instar el proceso de regularización dominial a favor de las familias integrantes de la fundación en el predio a intervenir.

A pesar de que el convenio con el IPV se firmó en noviembre de 2016, Irene Pincol evidenció “pasaron nueve meses y no tenemos nada, sólo un convenio vacío”.

“Pedimos que desde el área del IPV se genere un proyecto o anteproyecto que nos incorpore  equitativamente en el proyecto del 11 de noviembre”, remarcó. “No nos dan participación en saber cuándo empieza la obra, porque va a empezar una obra, porque bajaron 21 millones de pesos a través de un convenio del que fuimos partícipes, fuimos parte del convenio que fue a Nación”, agregó. 

Tras exponer la situación, Pincol y “Seco” Gómez les pidieron a los concejales que realicen “alguna gestión, que esté dentro de la reglamentación que corresponde” para que alguien los escuche.

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