La ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, había dicho ayer que «el protocolo (sobre el aborto no punible) va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta» y porque «debe tener trámite legislativo». A primera hora del viernes, el decreto que concretó el anuncio apareció publicado en el Boletín Oficial.
En las cercanías del ex ministro y actual secretario de Salud Adolfo Rubinstein, habían dejado trascender que si el protocolo se anulaba, no le quedaría otro camino que presentar su renuncia. En las próximas horas se sabrá si esto se concreta o no. La determinación también demostrará hasta donde llega la solidaridad del radicalismo para sostener a uno de los pocos representantes de esa fuerza política que quedan en el Gobierno.
De concretarse, la salida del secretario de Salud sumaría un pico de tensión alrededor de los chispazos por la conducción de la coalición integrada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica a partir del 10 de diciembre. La polémica tuvo ayer el apoyo a la figura del funcionario de dirigentes como Sanz, Mario Negri, Luis Naidenoff, Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y los legisladores radicales.
Según lo publicado este viernes, “la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”.
Cargando las tintas sobre el funcionario radical, el texto recorre las diferentes dependencias que, de acuerdo al criterio oficial, Rubinstein debería haber consultado antes de publicar el nuevo Protocolo. No solo las nombra, sino que compromete a sus titulares tanto en el caso de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional de las Mujeres.
